Del "digital divide" a la transformación digital en América Latina y el Caribe
07 de noviembre de 2020
autor: HTTP://WWW.SELA.ORG - CARLOS ORTUÑO
La brecha digital (BD), digital divide o brecha de acceso, continúa afectando al 50% de la población mundial. Su progresivo ensanchamiento es una seria amenaza para el crecimiento de los países menos adelantados (PMA) y un factor que compromete el logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De hecho, “la conectividad, entendida como el servicio de banda ancha con una velocidad adecuada y la tenencia de dispositivos de acceso, condiciona el derecho a la salud, la educación y el trabajo,al tiempo que puede aumentar las desigualdades socioeconómicas” (CEPAL, 2020, p. 3).La UNCTAD señala que “En la actualidad, el mundo se caracteriza por una enorme brecha entre los países infraconectados y los países hiperdigitalizados”.
La BD no es solo un problema de acceso a las tecnologías digitales, sino que está asociada a la desigualdad en las oportunidades para adquirir y/o mejorar las competencias requeridas para dar significado a ese acceso. Ello se evidencia en la dificultad para disponer de los recursos electrónicos que permitan a los desconectados aprender y a derivar provecho personal, profesional, laboral, familiar y social de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), limitación que se hace cada vez más dramática en el marco de la progresiva digitalización de la vida moderna.
Tampoco es la BD exclusivamente un problema tecnológico, sino que está directamente vinculada a factores socioeconómicos y políticos. Así, las áreas depauperadas de las grandes ciudades y las zonas rurales de los PMA no tienen acceso a servicios de telecomunicaciones ni a Internet o el acceso es muy deficiente e inestable, y, en muchos casos, costoso. Esta situación está profundizando las desigualdades internas de esos países por cuanto “afecta derechos fundamentales como la salud, la educación, la cultura, la seguridad, la libertad de expresión y la movilidad, entre otros”. (CAF-CEPAL, 2020, p. 2). Asimismo, se profundizan las desigualdades entre los referidos países y entre estos y los países más adelantados.
La brecha digital también se produce en el ámbito empresarial. En lo que va de 2020, este hecho ha sido puesto de bulto por la pandemia de la COVID-19 al evidenciar la diferencia que hay entre la elaboración de bienes y la prestación de servicios con respecto a las empresas pertenecientes a los sectores de la informática y de la banca. Estas últimas no han tenido que enfrentar las dificultades con las que se han topado los fabricantes de bienes y los prestadores de servicios, muchos de los cuales se han visto en el extremo de tener que cerrar sus puertas, temporal o definitivamente, debido a impedimentos derivados de las múltiples medidas vinculadas a la prevención sanitaria, como la cuarentena y el confinamiento, las cuales han limitado drásticamente o impedido, en aras de la reducción de la interacción física, la presencia del trabajador en las instalaciones de las empresas, impactando así el proceso productivo, con la concomitante afectación de las cadenas de valor.
CAF-banco de desarrollo de América Latina señala que “Actualmente, 244 millones de latinoamericanos -el 38% de la población- no tienen acceso a Internet, una brecha social que ahonda la desigualdad en materia de acceso al conocimiento y oportunidades. Esto significa que aquellos sin acceso inmediato a información no pueden realizar transacciones comerciales o usar servicios financieros y del gobierno; ni tampoco realizar trámites en línea. Esta brecha se acentúa al interior de los países de la región, entre la población urbana y rural, así como entre hombres y mujeres y entre los jóvenes y los adultos mayores” (CAF, 2020).
En 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible enfatizó las posibilidades que tienen la expansión de las TIC, la interconexión mundial y, en general, los procesos de digitalización de los países para contribuir a cerrar la brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento, impulsando de esta manera el progreso y el bienestar humano. Asimismo, destacó la necesidad de que tales procesos fueran fortalecidos con elementos tales como la cooperación internacional, las alianzas público-privadas, la activación de la sociedad civil, así como con la participación de todos los actores internacionales capaces de y dispuestos a poner en juego los recursos de todo orden requeridos para facilitar el cumplimiento de sus objetivos (CEPAL, 2016).
Cabe agregar la otra dimensión de la brecha digital, la que separa a una región de otras regiones. Así, por ejemplo, a finales de 2017, se estimaba que mientras en los países de la OCDE la tasa de participación en el universo digital era de 82%, en ALC era apenas del 50% (Garrido, 2018).
A propósito de la urgente necesidad de reducir o cerrar la BD como una condición previa para impulsar la economía digital, en el prefacio del Informe sobre la Economía Digital 2019: Creación y captura de valor. Repercusiones para los países en desarrollo, el Secretario General de la ONU, António Guterres, ya advertía que “Es preciso colaborar para cerrar la brecha digital, ya que más de la mitad del mundo tiene un acceso limitado a Internet o carece de él. La inclusividad es esencial para construir una economía digital que brinde ventajas para todos” (UNCTAD, 2019).
Y es que el desarrollo de una economía digital es incompatible con la existencia de la BD. Un excelente ejemplo para apoyar este aserto lo constituye el Plan España Digital 2025. El primer objetivo de este plan con el que el gobierno aspira apalancar la transformación digital de ese país, apunta a “Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital” (Gobierno de España, 2020, p. 7). Este objetivo también está presente, de manera explícita o implícita, en los planes digitales de varios países de ALC. Veamos dos ejemplos: el Pilar 1 del Plan de Nación y Agenda Digital Nacional, de México, en el área de Política y Gobierno, señala que ese país “deberá implementar un sistema de instituciones que crea, fomenta, pone en práctica y da seguimiento a las políticas públicas que impulsan la transformación digital de México”. Además, contempla que las referidas instituciones “tendrán un diseño institucional óptimo para establecer el marco legal que dará certeza a la política de inclusión digital universal”. Asimismo, dispone la integración en el Programa Nacional de Desarrollo de “un programa transexenal dedicado a las TIC, que garantizará el acceso digital como derecho fundamental, con una visión a corto, mediano y largo plazos” (Agenda Digital Nacional 2018, p. 3). Para la instrumentación de una política de inclusión digital y universal que garantice el acceso digital como derecho fundamental, el cierre de la BD es una condición sine qua non.
En el caso de Colombia, en su introducción, el Plan TIC 2018-2022, señala que “Para que todos los colombianos puedan disfrutar de los beneficios de las TIC, el objetivo de la política ´El Futuro Digital es de Todos´ es el cierre de la brecha digital y la preparación en materia de transformación digital como puerta de entrada a la Cuarta Revolución Industrial (4RI)”. Además, dicho plan apunta hacia la universalización de la cobertura y acceso a Internet y hacia la optimización de la velocidad y la calidad de los servicios, con el objetivo superior de apalancar el desarrollo y crecimiento socio-económico del país (MINtic, 2017, p. 1).
Uno de los factores claves para lograr la eliminación de la BD es la capacitación digital porque facilita la acción contra las ciberamenazas, haciendo un uso productivo, efectivo y responsable de las TIC, lo cual enfatiza su importancia porque “el cibercrimen pone en riesgo la confianza de los usuarios en internet y dificulta una mayor digitalización de la economía y de la sociedad”. Además, hoy se reconoce que la capacitación digital representa una oportunidad en medio de la crisis de la COVID-19, que es un factor clave para reactivar la economía y que su ausencia es, en sí misma, factor de exclusión social, especialmente cuando la obtención de un empleo depende del nivel de habilidades digitales del demandante (Fundación Teléfónica, 2020, p. 257).
Pensando en el cierre de la BD en América Latina, Mario Agudelo (2020), Especialista Senior en TIC de CAF-banco de desarrollo de América Latina, señala que para que ALC pueda aprovechar los beneficios económicos y sociales asociados a las TIC, tendrá que cerrar las brechas digitales y que, para ello: deberá diseñar marcos institucionales homogéneos; eliminar las barreras al comercio transfronterizo; recabar inversiones en los mercados digitales; y reforzar sus infraestructuras digitales.
La COVID-19 y la brecha digital
La gran crisis desatada por la COVID-19 está empujando al mundo hacia la digitalización más que ninguna otra fuerza lo había hecho hasta ahora. Ya la COVID-19 está siendo vista como una aliada inesperada de la transformación digital y como una fuente de aceleración del desarrollo digital en el mundo (Barros, 2020). De hecho, como secuela de esa crisis se está produciendo un poderoso impulso de la transición hacia la economía digital a través de la creación e instrumentación de herramientas y dispositivos digitales que ya están siendo utilizados globalmente para viabilizar y potenciar el alcance y los beneficios de las medidas dispuestas por los gobiernos para contrarrestar el impacto de esta enfermedad. Tales tecnologías “han contribuido a asegurar una mayor transparencia y confiabilidad en la información para los usuarios. No menos importantes son aquellas iniciativas que miden la propagación del virus, actualizan constantemente la cantidad de personas afectadas, difunden información en tiempo real y facilitan esquemas de diagnóstico, prevención y mitigación, y que en general contribuyen a aplanar las curvas de contagio” (CAF-CEPAL, 2020, p. 2). Se prevé que realidades como el teletrabajo, la telesalud o telemedicina y la teleeducación que, gracias a la pandemia, han cobrado particular relevancia, se intensificarán y se harán más globales en la era post COVID-19, lo cual, se estima que también ocurrirá en otras áreas de la vida diaria individual y social. Cabe esperar que la digitalización sea un proceso incluyente y que “no deje a nadie atrás”.
Pero, por otro lado, tal empuje también está contribuyendo a ensanchar la actual BD entre los países, porque muchos no están preparados para un mundo crecientemente digital en el que se revela el gran abismo que separa lo conectado de lo no conectado, evidenciando el retraso de muchos en este nuevo ecosistema. Así, para la UNCTAD, "Las desigualdades en la preparación digital obstaculizan la capacidad de grandes partes del mundo para aprovechar las tecnologías que nos ayudan a hacer frente a la pandemia de coronavirus al quedarnos en casa", aunque, al mismo tiempo, aprecia que “Están surgiendo aspectos positivos increíbles que muestran el potencial de un mundo transformado digitalmente” (Sirimanne, 2020). Al respecto, el Informe Especial COVID N° 7, de la CEPAL, destaca que “Las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)” (CEPAL, 2020).
Habida cuenta de los cambios conductuales que la pandemia le ha impuesto al individuo y a los grupos sociales en su forma de vivir, trabajar y de relacionarse, la situación luce más grave debido a, entre otros factores, la reducción del empleo y el aislamiento de las personas en sus comunidades, que hacen del “tener un nivel básico de inclusión digital”…”algo universalmente imprescindible” (Instituto de Investigación de Capgemini, 2020). Los PMA no están suficientemente capacitados para llevar a cabo webinars o seminarios virtuales, como los que se están dando en áreas como la teleducación, la telesalud o telemedicina, y el telemarketing, entre otras, así como realizar compras en línea y participar en actividades culturales y de entretenimiento, que actualmente, en países más favorecidos, se están llevando a cabo en medio de la lucha contra la COVID-19. Tal situación los hace más vulnerables aún y acentúa el desafío digital al que se enfrentan.
Resulta estimulante el hecho de que grandes empresas informáticas y de telecomunicaciones estén utilizando herramientas digitales, como las aplicaciones y los datos de smartphones, para ayudar a controlar la propagación del virus y, que, además, estén apoyando a los laboratorios y universidades en las investigaciones en procura de la vacuna que permita poner fin a esta amenaza, en cuyo esfuerzo destaca la utilización de la Robótica, la Inteligencia Artificial y el Big a Data, entre otras tecnologías de alto nivel de sofisticación. No obstante, en paralelo, y de acuerdo con la UNCTAD, se está desarrollando una gran dependencia de las plataformas digitales, especialmente estadounidenses y chinas, que está acentuando cada vez más “la profunda división entre los que tienen acceso a dicha tecnología y los que no” (Fredriksson, 2020), lo cual puede ser visto como una nueva y avasallante expresión de la brecha digital. Al respecto, el Informe sobre la Economía Digital 2019, de la UNCTAD, destaca que solo siete “superplataformas” (Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent y Alibaba, representan 2/3 del valor total de mercado. Señala también que, en materia de avances tecnológicos, África y América Latina, “están muy por detrás de los Estados Unidos y China” (UNCTAD, 2019, p. 3-4).
Fredriksson, antes citado, advierte que "Esta situación se amplificará a medida que más personas entren o se vean obligadas a conectarse en línea debido a la crisis del coronavirus" y visualiza que los PMA tenderán a quedarse atrás a medida que se acelere la transformación digital que se está produciendo en muchos países.
Simultáneamente a la vigencia de la llamada distancia social y la cuarentena como dos de las principales medidas adoptadas globalmente para prevenir el contagio, es imprescindible potenciar el acercamiento o comunicación digital que permitan compensar el forzado y estresante distanciamiento físico entre las personas, de tal modo que estas puedan desarrollar sus actividades productivas, educativas y de recreación, de manera efectiva. Tal acercamiento contribuye a mantener la salud física y mental y el bienestar socioeconómico de los individuos, así como la salud económica de las naciones, aminorando los efectos del distanciamiento obligatorio. De allí la relevancia y el empuje que han cobrado modalidades de actividad definidas por la distancia física entre las personas como el teletrabajo (notoriamente incrementado, a pesar de que muchos no pueden participar del mismo, como efecto, precisamente, de la brecha digital), la teleeducación, y la telesalud o telemedicina, entre otras. De modo que, el cierre de la brecha digital es, hoy más que nunca, un desafío y un imperativo con implicaciones de todo orden que afectan al individuo, al cuerpo social, a las naciones y a la comunidad internacional.
Hacia la transformación digital de ALC
Tecnologías como el Internet de las cosas (IoT); la Robótica; la Inteligencia Artificial, el machine learning, el Big Data y el Cloud computing están contribuyendo a forjar lo que se ha dado por llamar la Cuarta Revolución Industrial (CRI) la cual “toma forma con la digitalización de la economía en su totalidad y la potencial transformación de todas las industrias” (Navarro, 2018, p. 5). Tales tecnologías están provocando una creciente y acelerada transformación en la economía y en los procesos productivos. Al examinar el desafío que para América Latina y el Caribe (ALC) significa el advenimiento de la CRI, Navarro (p. 13) hace algunos señalamientos con respecto a las limitaciones actuales y a las posibilidades que la región tiene para participar de ese proceso y no quedar rezagada. En principio, se refiere al hecho de que “la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe, al no haberse unido a tiempo a la revolución de las TIC y de Internet, perdieron una oportunidad única de realizar grandes avances en materia de innovación” y que “no solo las ventajas de esta revolución han tardado en llegar a la región, sino que, a la fecha, la mayoría de los países muestra un retraso en indicadores básicos como el acceso a banda ancha y la densidad de computadoras en la población”. Señala también que la región tiene que superar la actual escasez de mano de obra experta, especialmente en el área de la Inteligencia Artificial y el análisis de datos y la limitada penetración de la banda ancha. Por otro lado, el autor es más optimista y ve en la disponibilidad global de plataformas comerciales como Amazon o Alibaba, la oportunidad para que ALC pueda acometer e impulsar nuevos esfuerzos e iniciativas comerciales.
El concepto de transformación digital se origina en el ámbito productivo empresarial donde “se concibe como el uso y apropiación de las tecnologías de la información combinadas con la capacidad de liderazgo y el cambio organizacional para mejorar o cambiar radicalmente el desempeño y el modelo de negocio de las empresas” y…”va más allá de la simple inclusión del elemento tecnológico, pues implica innovar en la manera de pensar y de hacer las cosas” (MinTIC, 2019, p. 23).
El 20 de abril de 2018, en el marco de la Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, celebrada en Cartagena de Indias (Colombia), se aprobó la Agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2020), con la misión de “promover el desarrollo del ecosistema digital en América Latina y el Caribe mediante un proceso de integración y cooperación regional, fortaleciendo las políticas digitales que impulsen el conocimiento, la inclusión y la equidad, la innovación y la sostenibilidad ambiental” (CEPAL, 2020). La Agenda…fue concebida como un instrumento coordinador de los esfuerzos de cooperación regional en materia digital. Está conformada por siete áreas de acción que apuntan a 30 objetivos. El área dos se denomina Transformación digital y Economía digital e incluye objetivos dirigidos a: fomentar el uso de tecnologías digitales en las empresas, con foco especial en las Mipymes; promover ecosistemas regionales de emprendimiento y acciones públicas y privadas para impulsar la innovación; promover el desarrollo de fondos de capital de riesgo a nivel regional, e impulsar el teletrabajo en los países de la región mediante el fortalecimiento de marcos normativos, el desarrollo de habilidades digitales y su monitoreo y evaluación (CEPAL, 2020).
Asimismo, el Programa de actividades de cooperación regional de la agenda digital para América Latina y el Caribe, 2018-2020, de eLAC2020, en el área de Transformación Digital y Economía Digital, contempla como primer objetivo: “Fomentar el uso de tecnologías digitales en las empresas, con foco especial en las mipymes, así como promover la transformación digital en los distintos aspectos de la economía” (eLAC 2020, p. 4).
Además de los gobiernos de la región que recurrentemente participan en las conferencias ministeriales sobre la Sociedad de la Información de ALC coordinadas por eLAC, entes claves de la institucionalidad regional han prestado particular atención al rol de las TIC y de los procesos de digitalización de los países, así como de la transformación digital, en función de la transformación productiva y del desarrollo sostenible de los países latinoamericanos y caribeños.
Una iniciativa muy interesante en materia de transformación digital de ALC es la alianza entre CAF-banco de desarrollo de América Latina y Fundación Telefónica, sellada en octubre de 2017, a través de la cual, ambos entes acordaron “desarrollar y apoyar iniciativas que aceleren la conexión a Internet de las comunidades y zonas desconectadas de América Latina, así como de las que ya disponen de servicios de telecomunicaciones básicos”… y “promover proyectos de transformación digital que pongan las nuevas tecnologías al servicio del desarrollo económico y social sostenible e inclusivo, impulsando la digitalización de las ciudades, el emprendimiento y la innovación tecnológica y social, incluyendo los ámbitos de género, educación y salud”. En su momento, el presidente de CAF, Luis Carranza, destacó la importancia de contar con Telefónica como aliado estratégico para “impulsar la transformación productiva de América Latina, a través de programas que fomenten la innovación, la investigación y el uso de nuevas tecnologías, factores esenciales para el desarrollo sostenible y la integración regional” (Fundación Telefónica, 2019).
Otro hito en la senda hacia la transformación digital de ALC, lo constituyó la publicación del informe Hacia la transformación digital de América Latina y el Caribe, por CAF-banco de desarrollo para América Latina con el propósito de “evaluar el desarrollo del ecosistema digital de América Latina y el Caribe y presentar un programa de propuestas de actuación, en el marco del Programa de Transformación Digital de CAF” (CAF, 2017, p. 9). El informe define el ecosistema digital como “una compleja interacción entre variables de infraestructura (como la banda ancha, o las redes de telecomunicaciones móviles), acceso (como las computadoras, y los teléfonos inteligentes), y uso de tecnologías de utilización general (en plataformas de comercio electrónico o redes sociales), combinadas con una oferta de bienes y servicios apoyada por factores de producción específicos (capital humano especializado, capital de inversión)” (CAF, 2017, p. 42). La agenda de CAF para la transformación de AL, contempla los siguientes aspectos, definidos en su portal: despliegue de infraestructuras digitales; modernización institucional para la economía digital; desarrollo de industrias digitales; digitalización de los hogares; y digitalización del Estado y Servicios Públicos Digitales (CAF, 2020).
En 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualizó su documento The New Imperative of Innovation, que había sido publicado en 2014. El propósito de esa actualización, titulada El imperativo de la transformación digital, fue “presentar las implicaciones de la revolución digital en desarrollo como una oportunidad, pero también como un riesgo para América Latina y el Caribe (ALC) en caso de que las economías de la región no lograsen una rápida adaptación al cambio” (BID, 2018, p.1).
El SELA ha participado en las actividades de eLAC y coordinado seminarios y talleres dirigidos a impulsar la utilización de las TIC con especial énfasis en el área de la Facilitación del Comercio exterior transfronterizo sin papeles. Uno de ellos fue el “Seminario Regional Redes e Integración Digital: Contenidos digitales, aplicaciones y usos de las TIC en América Latina y el Caribe” (Caracas, octubre de 2008). Asimismo, ha celebrado, con el apoyo de CAF-banco de desarrollo de América Latina, 10 encuentros latinoamericanos y caribeños sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), habiendo contribuido con algunos documentos claves al estudio y difusión de esta temática. Otro tanto ha hecho a través de la coordinación de cuatro encuentros latinoamericanos y caribeños de Comunidades Logísticas Portuaria (CLP) y la creación, también con el auspicio de CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos (Red de PDyC) de la cual, a la fecha, participan 28 sistemas portuarios pertenecientes a 13 Estados miembros y cuyo portal fue publicado, virtualmente, en octubre del presente año, desde la sede del SELA, en Caracas, Venezuela.
También ha propiciado y coordinado la celebración de eventos dirigidos a discutir la muy necesaria digitalización de las Pymes. En el área de la telemedicina o telesalud desarrolló dos seminarios. El primero de ellos fue el “I Seminario Regional eSalud y Telemedicina: Conexión y Acceso para el Bienestar Social”, el cual se celebró en Caracas, en octubre de 2009. El segundo fue parte del “Proyecto de Integración y Convergencia para la Salud de América Latina y el Caribe” (INCOSALC), promovido por la Secretaría Permanente del SELA, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la CEPAL, en julio de 2011, también celebrado en Caracas.
La CEPAL ha estado vinculada a la organización de todas las conferencias ministeriales de eLAC, organizadas desde 2000 y dirigidas a impulsar la Sociedad de la Información en ALC, ante las cuales actúa como la secretaría ejecutiva de la Agenda digital para América Latina y el Caribe, con la cooperación de CAF-banco de desarrollo de América Latina. En 2003 creó el “Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC)” cuyos objetivos son: promover la armonización estadística con el fin de fortalecer el monitoreo de las políticas y proyectos de TIC en América Latina y el Caribe; monitorear y analizar el progreso de los países de la región en la búsqueda del desarrollo de las sociedades de la información y apoyar a los países en la recopilación y análisis de datos estadísticos, el desarrollo de capacidades y otras actividades de asistencia técnica (oficinas nacionales de estadística y otras instituciones oficiales).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también se ha preocupado por promover en ALC una estrategia de transformación digital, con un carácter integral y un enfoque centrado en las personas e incluyente. Asimismo, ha aportado al debate sobre políticas públicas en la región que ayuden a sentar las bases para el trabajo futuro, inclusive posibles estudios nacionales sobre transformación digital, o sobre áreas claves de políticas, como la infraestructura de telecomunicaciones. Su propósito es apoyar iniciativas como la Agenda Digital 2020 para América Latina y el Caribe (eLAC2020) (OCDE, 2019).
Reflexiones finales
En lo concerniente al combate contra la COVID-19, es un imperativo seguir promoviendo, especialmente entre los PMA, el desarrollo de soluciones digitales para controlar la pandemia, y, en paralelo, facilitar el acceso efectivo y solidario de las grandes mayorías a dichas soluciones. Para ello, es necesario informar de manera oportuna y transparente con miras a reducir la circulación de información tendenciosa (fake news) o errónea y, al mismo tiempo, orientar al ciudadano con respecto a la necesidad, pertinencia y conveniencia de las políticas, acciones y medidas adoptadas por las autoridades y, muy especialmente, el rol que le toca y la posibilidad que tiene para contribuir, con una actitud personal y una conducta familiar y social adecuadas, a vencer al enemigo invisible que representa la COVID-19. Deben multiplicarse todas las facilidades tecnológicas y de otra índole que permitan la trazabilidad máxima y la realización de las actividades de diagnóstico, en consonancia con la dinámica de la pandemia. Hay que impulsar y canalizar adecuadamente todos los esfuerzos posibles dirigidos a instrumentar las medidas más efectivas para controlar y mitigar los contagios, prestando la atención debida a lo que tiene que ver con la integridad y la protección de los datos personales de los usuarios.
En materia de transformación digital, los gobiernos latinoamericanos y caribeños deberán instrumentar políticas públicas que apunten a: i) cumplir con el compromiso ineludible del Estado como responsable de la universalización de la digitalización del país, con énfasis en el sector público (hacia la construcción de una administración pública data driven), y su transformación digital permanente, eliminando de esa manera las condiciones que propician y mantienen la brecha digital; ii) la democratización del proceso de creación de las capacidades digitales de la población; iii) el fortalecimiento del ecosistema digital a todos los niveles del poder público: nacional, regional y municipal; iv) el diseño de un marco regulatorio cónsono con el propósito de dichas políticas que facilite la realización de las mismas; v) la provisión oportuna de fondos suficientes que garanticen la viabilidad y sostenibilidad de esas políticas; vi) el reforzamiento permanente de las capacidades digitales individuales y la promoción de los derechos humanos digitales de la ciudadanía; vii) el impulso a la cooperación interinstitucional y a la captación de la cooperación internacional; y, muy especialmente, viii) el reconocimiento expreso y la promoción del valor de la alianza pública-privada y de las organizaciones sociales y la academia en la tarea de promover la transformación digital dirigida a la promoción permanente del individuo. Tales políticas deberán expresar claramente la necesidad e importancia de contar con un ecosistema digital capaz de funcionar como una plataforma sólida para impulsar el desarrollo productivo integral, social y ambientalmente sostenible.
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