Dos de los países con más exiliados venezolanos y, por tanto, ya sometidos a una gran presión migratoria serán también quienes más refugiados afganos reciban en Latinoamérica a lo largo de los próximos días, según las previsiones de sus gobiernos. Colombia y Ecuador han acordado con Washington admitir en su territorio miles de afganos –que pueden llegar a 4.000 en el caso colombiano y 5.000 en el ecuatoriano– a cambio de fondos de USAID, la agencia estadounidense de ayuda exterior.
Aunque teóricamente estarán en «tránsito», con EE.UU. como supuesto destino final, pues se trata de parte de los miles de colaboradores (y sus familias) que las tropas estadounidenses han tenido en Afganistán en las últimas dos décadas, muchos de los refugiados que lleguen a Colombia y Ecuador posiblemente permanecerán allí durante meses e incluso años.
Colombia les concederá un «permiso humanitario temporal» y al principio se instalarán en hoteles; podrán moverse sin problema por todo el país e incluso en algunos casos podrán acceder a la residencia. Ecuador no ha avanzado detalles sobre ese programa de acogida, si bien insiste en que se tratará también de «tipo temporal». Aunque ninguno de los dos países ha anunciado una cifra definitiva de refugiados que admitirá, en sus compromisos con Washington las autoridades colombianas han hablado de hasta 4.000 personas y las ecuatorianas de hasta 5.000, topes que posiblemente no se alcanzarán.
La justificación de ese «tránsito» es que EE.UU. no puede recibir de golpe todos los refugiados que debiera admitir, y además necesita tiempo para investigar los antecedentes de todos. Sin embargo, es posible que haya personas que Washington finalmente rechace, lo que acabará generando una población afgana permanente en esas naciones de primera acogida.
Colombia y Ecuador, cuyo tamaño demográfico tiene a priori suficiente dimensión para acoger inmigración, son los países latinoamericanos con los gobiernos más próximos a EE.UU. Los últimos gobiernos colombianos han mantenido una gran afinidad con la Casa Blanca, como ocurre especialmente en el caso del actual presidente Iván Duque, y lo mismo puede decirse ahora con el nuevo presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. Eso explica que ambos hayan decidido auxiliar a la Administración Biden a pesar del coste político y social que un aumento del número de extranjeros en el país puede generar, pues la situación migratoria ya es extrema desde la llegada de miles de venezolanos en los últimos años.
Los afganos, en cualquier caso, serán siempre un grupo pequeño en comparación con los cerca de dos millones de venezolanos que se encuentran en Colombia y el casi medio millón que reside en Ecuador. Su presencia, no obstante, puede someter a un mayor estrés a las organizaciones humanitarias y el mercado de trabajo, además de acentuar la xenofobia en el debate público.
Precisamente, la cuestión migratoria ha centrado la discusión política en Bogotá las últimas semanas, a raíz de la propuesta de la alcaldesa de la capital, Claudia López, de crear un comando policial para la identificación de migrantes. López, de credenciales de centro-izquierda, fue criticada por abonar una criminalización de los inmigrantes, pero ella adujo la necesidad de hacer frente con los medios necesarios al grave problema de la delincuencia. Después de Cúcuta, situada junto a la frontera con Venezuela, Bogotá es la ciudad colombiana que vive más a flor de piel los desajustes debidos a la recepción de tanto inmigrante.
El Gobierno de Colombia creó en marzo de 2021 el 'Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos', por el que estos pueden permanecer en el país durante diez años sin tener que solicitar la visa de residente. Por su parte, el Gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha la visa permanente Estatuto Ecuador-Venezuela, que da ciertas facilidades en el proceso migratorio, aunque sin llegar a las ventajas que aporta la normativa colombiana.
Aparte de los países que participan en el reparto de refugiados afganos que corresponden con Estados Unidos, otras naciones latinoamericanas están recibiendo también exiliados de Afganistán en programas humanitarios, algunos impulsados por Naciones Unidas. Hasta el momento, el que más personas ha acogido es México, donde la semana pasada llegaron 124 personas, la mayoría reporteros que trabajaban para medios internacionales, incluida la prensa estadounidense, y sus familias. México también ha dado entrada a un grupo de mujeres que participaban en un concurso internacional de robótica.
Por su parte, Chile ha acogido a diez familias de activistas de derechos humanos, cuya llegada ha gestionado la ONG Front Line Defenders, mientras que Costa Rica ha recibido a 48 mujeres vinculadas laboralmente a Naciones Unidas.
Además, otros diez países de la región firmaron una declaración expresando su disposición a acoger refugiados, especialmente mujeres y niños y otros grupos vulnerables, aunque de momento no se ha materializado ningún ingreso en el país.