Previo a la situación de emergencia por el COVID-19, el desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe manifestaba visibles signos de desaceleración como resultado del estancamiento de los niveles de productividad, el deterioro de la competitividad y un inestable contexto internacional.
Con la irrupción de la pandemia, los desafíos se han multiplicado y la región se encuentra frente a la peor crisis de su historia contemporánea. Así lo demuestran las cifras de los organismos internacionales, que además proyectan para 2021 una recuperación inferior al promedio mundial y alertan sobre las amenazas de una nueva década perdida para América Latina y el Caribe.
En sus esfuerzos por contener los efectos inmediatos de la recesión, los países han combinado acciones económicas y sanitarias haciendo uso de sus limitados recursos disponibles. No obstante, para evitar la materialización de sus consecuencias a largo plazo será necesario emprender sin demora una agenda de reformas estructurales que sean el resultado de nuevos pactos económicos y sociales.
En el marco de estas transformaciones, favorecer la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituye una tarea de primer orden para reconstruir el tejido empresarial e impulsar un crecimiento inclusivo.
Estas unidades productivas son un componente central en el entramado económico y social de la región. Constituyen la gran mayoría de las empresas, son proveedoras de una porción significativa de bienes y servicios, generan la mayor proporción del empleo, y son la principal fuente de ingresos de los hogares.
Así mismo, las MIPYMES amplían el abanico de opciones para la fuerza laboral con bajos niveles de capacitación y menores oportunidades, convirtiéndose en un mecanismo para acelerar la movilidad intergeneracional, reducir la pobreza, y fortalecer la cohesión social.
En virtud de esta relevancia, las empresas de menor tamaño han sido una clara prioridad en el proceso de formulación de estrategias para impulsar el rendimiento económico de la región. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados y las brechas con las grandes empresas se han ampliado como señal de que persisten barreras que limitan su nacimiento y desarrollo.
Al respecto, vale la pena enfatizar en tres de los principales retos que enfrenta la región. El primero de ellos, es la creciente informalidad que afecta con mayor vehemencia a los más vulnerables. Su persistencia, tiene fuertes implicancias sociales al restringir el acceso a los sistemas de protección social, y notables efectos económicos al reducir la recaudación fiscal y la eficiencia de los factores productivos.
El segundo, se halla en sus dificultades para acceder a fuentes formales de financiamiento. Con ello, se impide la ejecución de emprendimientos con amplio potencial de éxito, se obstaculizan las decisiones de innovación y exportación, y se reducen las oportunidades de sobrevivencia de las empresas durante períodos de crisis como los actuales.
Finalmente, se requiere apoyar la transformación digital de las MIPYMES como factor catalizador de la productividad y de su inserción en las cadenas de valor. La adopción de tecnologías digitales puede ser especialmente útil en la modernización de los procesos, la ampliación de los vínculos comerciales y el incremento en las escalas de producción.
Trabajar en la superación de estas limitaciones es un paso en la dirección correcta y redundaría en grandes dividendos económicos y sociales para la región. No obstante, alcanzarlo exigirá un mayor trabajo colaborativo y la formulación de un renovado cuerpo de argumentos y recomendaciones que orienten las acciones.
En este sentido, y en el contexto de estos tres desafíos, la Secretaría Permanente del SELA emprende la organización de esta reunión con el objetivo central de construir una hoja de ruta que guíe los esfuerzos de apoyo a las MIPYMES en el corto y mediano plazo, fortaleciendo la sinergia y la coordinación entre los actores que hacen vida en la región.