Las tecnologías digitales han transformado la vida económica y social de la humanidad. Los modelos de negocios, los mercados de trabajo, los medios de comunicación y la acción de los gobiernos, han sufrido vertiginosos cambios guiados por los avances de la digitalización, a tal punto que para disponer de los servicios más esenciales y apropiarse de los beneficios del proceso de desarrollo, es determinante un acceso de calidad a las redes de conectividad.
Estas tecnologías tienen un enorme potencial para propiciar una mayor inclusión social y motorizar el crecimiento económico. Su uso extendido, en especial la masificación en el acceso a internet, ha sido un factor habilitante para el surgimiento de nuevos sectores productivos, la reducción significativa de los costos de transacción y la creación de condiciones para una mayor participación ciudadana en su relación con el Estado.
Con la irrupción de la pandemia de la COVID-19 sus bondades han sido aún más evidentes, facilitando la generación de capacidades para reducir la propagación del virus y contener sus costos económicos y sociales. Sin embargo, y pese a todos los avances en materia de acceso y calidad de la conectividad, esta coyuntura también ha dejado al descubierto las enormes brechas digitales que impiden a una significativa porción de la población mundial insertarse en la nueva normalidad del teletrabajo y la teleeducación.
Cifras del Banco Mundial revelan que sólo 40% de la población global tiene acceso a internet, apenas 20% tiene conexión banda ancha de alta velocidad y poco más del 27% no posee un celular. El panorama es aún menos alentador para los hogares de menores ingresos donde más del 71% carece de conexión a internet y 21% no tiene acceso a un teléfono móvil.
En el contexto de América Latina y el Caribe, estadísticas de CAF (2020) muestran que 32% de la población no tiene acceso a internet. De estos, cifras de la CEPAL dan cuenta de una mayor afectación en las zonas rurales, donde 77% de los hogares no cuenta con conexión, mientras en las áreas urbanas esta proporción se reduce a 23%. Adicionalmente, IICA, BID y Microsoft (2020) señalan que sólo la mitad de los países de la región cuentan con una agenda de digitalización y 67% de las escuelas no disponen de una velocidad de conexión suficiente.
A razón de este patrón de acceso a la digitalización, los efectos de la tecnología en la productividad, en la generación de mejores oportunidades para la superación de la pobreza y en la estabilidad política, han sido menores a los esperados. Las brechas han erosionado los dividendos digitales de las poblaciones con menores ingresos y ubicada en áreas remotas.
En el caso particular de las zonas rurales, mejorar el acceso a las redes de conectividad puede redundar en cambios significativos en los niveles de vida de sus habitantes, permitiendo avances en materia de productividad, mayor provisión de servicios sociales, incrementos en las capacidades del sector público, y empleos de mayor calidad.
Para hacer realidad todos los beneficios de la digitalización, la región deberá enfrentar una variada gama de desafíos que incluyen: a) masificar el acceso a las plataformas de conexión en condiciones de asequibilidad y calidad con un mayor despliegue de la infraestructura, b) actualizar los marcos normativos para impulsar el desarrollo de le economía digital, c) acelerar la implementación de agendas digitales, y d) impulsar la formación en habilidades digitales para el uso intensivo de las herramientas.
El futuro será más digital. Más aún luego de la pandemia. Frente a ello, los países de la región deben activar los mecanismos de cooperación internacional, la integración regional y la colaboración público-privada como plataformas para la construcción de estrategias conjuntas, y el aprendizaje de prácticas exitosas. Esta reunión constituye un aporte en esta dirección.