Durante el período 1960-1980 América Latina y el Caribe experimentó un positivo desempeño económico que posicionó a la región como referente de crecimiento y destino de capitales extranjeros. Hasta 1981 los bajos tipos de interés, los favorables términos de intercambio y la generosa oferta de créditos internacionales, crearon un clima de abundancia y optimismo.
Sin embargo, a partir de 1982 las alzas en las tasas de interés y los desequilibrios en la balanza comercial, desencadenaron una crisis que se prolongó hasta principios de los 90´s. Durante este tiempo la carga de la deuda contraída se tornó insostenible, el nivel de actividad productiva se desplomó, y los sueldos reales se contrajeron a causa de los procesos inflacionarios generalizados. Todo esto desembocó en un estancamiento sin precedentes del producto por habitante y en un retroceso de los indicadores económicos y sociales conocido en la literatura como “la década perdida de América Latina y el Caribe”.
Esta crisis no sólo significó una fuerte inestabilidad, sino también un largo período de ajustes y reformas enfocadas en sentar las bases de un crecimiento económico sostenible. Fundamentalmente, las medidas se centraron en reducir el gasto de gobierno para consolidar las finanzas públicas, facilitar el retorno de los capitales, e iniciar un marcado proceso de apertura comercial que impulsara la inserción en los circuitos económicos internacionales.
Esta última área de política no sólo permitiría mejorar la balanza comercial y ampliar los mercados de destino, sino también profundizar el proceso de cambio estructural para incrementar los niveles de productividad y competitividad regional.
Sin embargo, los avances fueron incipientes y en la actualidad en América Latina y el Caribe muchos de estos desafíos siguen siendo tareas pendientes en un contexto global que experimenta continuamente profundas transformaciones.
Muestra de ello, es la fragilidad del desempeño económico evidenciado a raíz de la caída de los precios de las materias primas en 2014 y la falta de capacidades de la región para recuperarse apalancada en actividades productivas alternativas.
Ante esto, nuevamente se reavivaron las discusiones para el diseño e implementación de políticas que allanaran el camino de la región hacia un sendero de mayor crecimiento, colocando en el centro de las reformas las necesidades de innovación tecnológica y diversificación productiva para escalar en los eslabones de las cadenas de suministros globales.
Sin embargo, los resultados de estos esfuerzos no han sido los esperados. En 2019, el crecimiento económico de América Latina y el Caribe promedió apenas 0,6% alegándose como causas los bajos niveles de productividad, las tensiones comerciales internacionales, la caída en los precios de las materias primas y la baja complejidad de sus exportaciones.
En medio de este contexto desafiante, los países de América Latina y el Caribe enfrentan la peor crisis económica desde que se iniciaron los registros estadísticos de las cuentas nacionales en los 50`s. Estimaciones de los principales organismos internacionales han pronosticado que en 2020 la economía regional caerá cerca de -9,4% y se perderán 15% de los empleos formales.
A razón de esta profunda caída en la actividad, ya se han prendido las alarmas sobre la materialización de una “nueva década perdida para América Latina y el Caribe” entre 2015 y 2025, trayendo consigo graves consecuencias económicas y sociales.
Sin embargo, a diferencia de la crisis de la deuda de los 80`s, la afectación de todos los países del planeta en las circunstancias actuales redundará en la generación de cambios significativos en la dinámica económica internacional, exigiendo de los países de la región un proceso de reflexión para repensar su rol como actor global.
En particular, los cambios en la dinámica del comercio internacional y en las cadenas de valor, podrían representar oportunidades para una mayor internacionalización y replantear la integración regional. Las dificultades de estos tiempos turbulentos pueden convertirse en catalizadores de consensos, para emprender una agenda de acciones que definitivamente permita la superación de los desafíos preexistentes y de aquellos generados por la pandemia.