Eventos virtuales

  La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), está organizando el “Curso a distancia sobre evaluación de impacto de políticas públicas en América Latina y el Caribe: intervenciones eficaces para el desarrollo social”, conjuntamente con el Instituto Social del Mercosur (ISM), CAF – banco de desarrollo de América Latina, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab para Latinoamérica y el Caribe (J-PAL LAC), el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Ministerio de Desarrollo Social Argentina. Esta actividad estará orientada compartir información y experiencias sobre el diseño, la implementación y la evaluación de impacto de políticas públicas de desarrollo social.  

La región de América Latina y el Caribe (ALC) tiene un inmenso potencial turístico basado en sus recursos ambientales, tanto naturales como socioculturales, así como una de las mayores biodiversidades en el planeta, características que la promueven como un lugar para visitar. Son recursos que muchos de sus países han utilizado en la transformación productiva de sus  economías  y estrategias de desarrollo al diseñar sus políticas públicas.     La industria del turismo ha sido un motor de crecimiento para Latinoamérica. Es generadora de empleo, mejora la calidad de vida de los pueblos promoviendo su bienestar, y, por ende, contribuye a la erradicación de la pobreza. Gracias a ella muchos países de ALC fomentan un desarrollo económico sostenido e inclusivo, empleo pleno y productivo, además del compromiso  de la utilización sostenible de sus ecosistemas marítimos y terrestres.  Para los países receptores la actividad turística tiene muchas ventajas. En primer lugar, es una fuente de divisas que ayuda a equilibrar su balanza de pagos. Además, por abarcar diferentes rubros suele significar una fuente de ingresos de la que se beneficia gran parte de la población; y  es una industria que no necesita mucho tiempo en ser desarrollada y que suele dar frutos de manera inmediata. Esta realidad se ha visto gravemente afectada por los efectos adversos causados por la pandemia del Covid-19. Prácticamente, el turismo se ha paralizado a nivel global, causando serias consecuencias económicas en la industria hotelera, líneas aéreas, empresas de transporte, servicios de restaurant, de alojamiento, entre otros.  Como resultado, los procesos de  desarrollo de la región se han visto seriamente comprometidos, en particular en el sector turismo, fuente vital de recursos sobre todo para los países del Caribe.  La  amenaza  al sector turismo es grave. No solo resultan afectados los ingresos de los trabajadores y empresas del sector sino  también el ingreso nacional de divisas y el equilibrio de las cuentas externas, siendo la situación  particularmente  difícil de sobrellevar  para  los países pequeños especializados en el sector, con serias implicaciones sobre  el Producto Interno Bruto. El turismo, además de ser un rubro afectado por la  contracción económica global para 2020 por el efecto Covid-19, debe enfrentar cierres de fronteras, restricciones a la movilidad de personas, un lento restablecimiento pleno del tránsito internacional de personas y bienes,  y un aislamiento voluntario de un gran número de personas. Todo ello parece indicar que probablemente la recuperación tarde más de lo deseado.  Por otra parte,  la actividad económica del turismo  puede tener un alto impacto en el medio ambiente. Además de incentivar una mayor promoción a los destinos turísticos se debe fomentar el desarrollo sostenible de la región  salvaguardando el medio ambiente. En este sentido, el ecoturismo se plantea como una nueva forma de dar continuidad a las actividades turísticas como fuente generadora de recursos, a la vez que se concientiza sobre la necesidad e importancia de conservar el medio ambiente para futuras generaciones.   El turismo sostenible  reconoce que la protección y mejora de los recursos locales, el respeto por el factor humano y la correcta gestión, deben ser en la base de la sostenibilidad económica y ambiental  y el desarrollo, tal como lo indica  la Carta de Turismo Sostenible (1995). Especial atención debemos tener con las nuevas perspectivas y preocupaciones en cuanto al cambio climático y sus efectos directos, principalmente en las costas e islas.  Sin duda la actividad económica del turismo es un coadyuvante para el cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030, pactada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015.  Entre tales objetivos se encuentra (i) garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; (ii) adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático; (iii) conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos; y, (iv) promover el uso sostenible de los Ecosistemas Terrestres. Ahora bien, el escenario planteado previamente demanda planes de contingencia para promover una recuperación responsable del sector actividad apenas lo permitan las condiciones sanitarias.  Es necesario  instrumentar medidas para aliviar la situación del sector, ya sea mediante la concertación de acuerdos internacionales, o el incentivo de  una mayor promoción de los destinos turísticos de los países de la región, o el fomento de un esquema de preservación y conservación del medio ambiente. La reactivación de la actividad turística  es un tema urgente que abordar.  Las economías de  muchos países de ALC dependen de esta fuente de recursos. El SELA aspira que este seminario virtual contribuya con la reflexión e intercambio de ideas constructivas sobre posibles soluciones para la recuperación de la industria del turismo en la región en el corto y mediano plazo, incluyendo tal vez el intercambio de experiencias y buenas prácticas de otras regiones más avanzadas en el tema. Este encuentro es también una oportunidad para concientizar a los hacedores de política que las medidas que se adopten deben poner de relieve la necesidad e importancia de conservar el medio ambiente para futuras generaciones, así como fomentar una forma de turismo en la que se  implementen las buenas prácticas de conservación ambiental. Con esta iniciativa, la Secretaría Permanente pretende abrir el espacio para la generación de debates y discusiones en la búsqueda de soluciones  para la industria hotelera, con el concurso de varios puntos de vista de los sectores público-privado, que permitan ampliar el margen de respuestas a la crisis provocada por el Covid-19, teniendo como fin último la consecución del bienestar de las comunidades.

Creada en el año 2014, la Red de Puertos Digitales y Colaborativos (Red puertos DyC) se adelanta gracias al convenio de cooperación técnica no reembolsable, entre CAF-banco de desarrollo de América Latina con su Programa CAF-LOGRA y la Secretaría Permanente del SELA; a través del cual ha sido posible la creación de una Red que vincula veintiocho sistemas portuarios pertenecientes a trece Estados miembros[1]. La estrategia central del programa ha sido fomentar y contribuir a la conformación de redes de apoyo tanto a nivel país como regional, a través de un nuevo sistema de colaboración interinstitucional y cooperación técnica especializada que fomente el fortalecimiento de políticas públicas dirigidas al sector portuario y promueva la implementación de recomendaciones técnicas a nivel local en cada sistema portuario. Todo ello, con el objetivo de incrementar la competitividad y sustentabilidad de la cadena logística portuaria; utilizando como principal mecanismo la modernización portuaria. Desde el año 2017, la Red estableció una gobernanza propia junto a sus miembros colaboradores que ha permitido llevar adelante una agenda de trabajo en los ámbitos científico-tecnológico, gestión y sustentabilidad de comunidades logísticas portuarias y en el diseño de políticas públicas de transporte y comercio para el desarrollo de puertos y su logística. Luego de este avance, en este 2020 se anticipa una imagen renovada de la Red con el lanzamiento del nuevo portal (website y extranet), como parte de las acciones que buscan impulsar la digitalización portuaria de la región. En el año 2021 se espera seguir robusteciendo este programa con la incorporación de nuevas herramientas y talleres de capacitación en las mejoras tecnológicas y de información que permitan, asimismo, repotenciar la utilidad del portal especializado tanto para los miembros de la Red como para el público en general. En este mismo orden de ideas, y en aras de esta transformación digital, la nueva página web y extranet permitirá mejorar cada vez más los procesos administrativos de las comunidades de los puertos de la región, incrementará la comunicación entre sus miembros, y estimulará la búsqueda de soluciones integradoras que potencien las cadenas logísticas del futuro; especialmente importante, en la situación de emergencia que plantea el escenario adverso generado por la pandemia del COVID-19.   [1]  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago; y Uruguay

El nuevo escenario global en tiempos de COVID-19 ha planteado un sinnúmero de desafíos para la humanidad. América Latina y el Caribe (ALC) no escapan de esta realidad. La irrupción del virus en el continente ha generado interrogantes en todos los aspectos, entre ellas, cuáles serían las perspectivas que tendría la integración económica en la región en una fase post pandemia. América Latina aborda esta pandemia sanitaria sin un referente regional definido.  La respuesta de los gobiernos de la región ha sido inmediata y las medidas para contener el contagio fueron adoptadas progresivamente por la mayoría de los países. Sin embargo, se tiene la idea que cada país lucha, dentro de sus posibilidades, por contener la pandemia desde una perspectiva unilateral. Los diversos esquemas de integración regional han enfrentado y continúan haciendo frente a diversos obstáculos para lograr su consolidación y operatividad definitivas.  El fortalecimiento de la integración ha sido una constante de muchos organismos regionales creados para tal fin. Se han alcanzado avances importantes y cada vez más se superan las dificultades que la han impedido. Los procesos de integración desarrollados han estado centrados mayormente en aspectos comerciales y arancelarios,  sin estrategias concertadas  para  situaciones de crisis como la actual. Vigorizar el comercio interregional y aspirar una mayor cooperación entre los países, es un objetivo por cumplir para el desarrollo de los pueblos de la región. Esta aspiración se ha visto afectada por los efectos colaterales causados por el COVID-19 que ha llevado a la actividad económica a un estado de estancamiento a  nivel global con serias consecuencias en los distintos sectores productivos. Por otra parte,  es un hecho que algunos de los esquemas de integración  atraviesan una etapa de redefinición con una precaria  capacidad de concertación para conseguir posiciones comunes en escenarios de incertidumbre e inseguridad como el que vivimos.  Los organismos más influyentes son llamados a incorporar mecanismos de gestión de la crisis y aunar posiciones frente a la amenaza de la COVID-19.   La magnitud de situaciones como la actual rebasa cualquier intento de control en solitario. Frente a situaciones de crisis transnacionales se requieren respuestas donde interactúen la escala nacional y la escala regional.  El Covid-19 es un problema de toda la región que demanda acciones compatibles por parte de los gobiernos nacionales y  el entorno regional.  La emergencia sanitaria puede ser una oportunidad para que los países trabajen mancomunadamente  no sólo en abordar la emergencia sanitaria sino también las agendas económica, política y social. Se trata de optimizar lo ya existente, de articular mecanismos de aproximación  sobre la base de la coordinación regional. Una vez superada la peor fase de la pandemia, los países deberían abocarse al diseño y aplicación de políticas públicas para el desarrollo económico y a la evaluación del impacto de tales medidas. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, en su informe del 6 de abril de 2020, la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración para mitigar los efectos de la pandemia (https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales). Se necesitaría, entonces, revitalizar la integración regional mediante la activación de los compromisos multilaterales, donde los esquemas regionales integracionistas muestren si su capacidad institucional puede  garantizar acuerdos mínimos entre los Estados del continente. Este webinar es una actividad complementaria al Informe sobre el proceso de integración en América Latina y el Caribe que el SELA elabora cada año, el cual  ofrece un reporte técnico minucioso de los cambios anuales en la situación regional en los tópicos de interrelaciones comerciales, movimientos de capital y trabajo, coordinación de políticas económicas, desarrollo de instituciones comunes, entre otros temas, relativos a la integración. En este sentido, un seguimiento permanente de la evolución de la integración permite orientar la formulación y la ejecución de estrategias de acción, tanto conjunta como individual, de los países de la región, al brindar un conocimiento detallado de las tendencias y el contexto de las relaciones económicas y sociales intrarregionales. En este orden de ideas, la Secretaría Permanente del SELA considera que la situación actual es una excelente oportunidad para plantear el estado en que se encuentra la integración en la región. Conocer si las situaciones de crisis podrían ser aprovechadas para  buscar  soluciones conjuntas que sean beneficiosas para todos,  o si, por el contrario, son el elemento necesario que favorecen la introspección y la acción unilateral. En cualquiera de los casos, sería de gran provecho evaluar las medidas necesarias a implementar que favorecerían el proceso integrador en el corto y mediano plazo.

El tratamiento de las subvenciones a la pesca constituye un tema de primer orden para el comercio internacional, de cuyas negociaciones se espera concretar un acuerdo normativo que determine una política regulatoria disciplinaria, eficiente y sostenible. La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el organismo encargado de conducir este debate, teniendo en cuenta que las discusiones se enmarcan fundamentalmente en conseguir la erradicación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). La eliminación de las subvenciones a la pesca implica resolver aspectos álgidos en torno a preservación de especies, por tanto sus discusiones ameritan precisar aspectos medulares y técnicos en torno a la sobrecapacidad, la sobrepesca y la sobreexplotación, y en este sentido examinar el alcance de los esquemas de financiamiento de la industria pesquera, considerando además el tratamiento diferenciado para los países en desarrollo y los países menos adelantados. El carácter multilateral de estas negociaciones y el debate en torno a los criterios de aplicabilidad de reglas para a las subvenciones constituye uno de los mayores y principales desafíos de los miembros de la OMC, entre los que se incluye a los de América Latina y el Caribe dada la relevancia del sector pesquero en las economías de la región. El tema se discute desde el año 2001 en atención al mandato emanado de la Conferencia Ministerial de Doha, pero la urgencia de cerrar las negociaciones surgió tras la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, en tanto que una de las metas específicas para la preservación de la vida marítima, establece la eliminación de las subvenciones a la pesca. El plazo para lograr el acuerdo está establecido para el año 2020.

El deterioro de las condiciones de la economía real, y la incertidumbre sobre las posibilidades de una recuperación productiva, podría exacerbar las asimetrías y debilitar las bases de cooperación que promueven la convergencia regional. Como resultado, las capacidades de resiliencia de los mecanismos de integración podrían verse limitadas frente al período de mayor interconectividad comercial y financiera. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que la disminución del volumen del comercio regional es una realidad generalizada para todos los mecanismos de integración de América. En este contexto, la escasez de insumos y bienes de consumo intermedio podría afectar la sostenibilidad de las cadenas de valor y repercutir sobre los avances regionales dentro de la dimensión comercial de la integración. Marcano (2020) afirma que la Pandemia de COVID-19 ha aumentado la percepción de desconfianza en las instituciones y agentes dentro del sistema de comercio internacional. Las pérdidas de productividad locales y la limitación de las fuentes de aprovisionamiento de bienes prioritarios como alimentos y salud, podrían devenir en el largo plazo en la aplicación de medidas restrictivas al comercio regional.  Por otro lado, en el segundo trimestre del año 2020, las horas de trabajo en los sectores comerciales y de servicio se redujeron 18.3%, de acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ante las restricciones de tránsito que las empresas y consumidores enfrentan, la demanda de instrumentos de acceso y uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) ha crecido significativamente. La alteración de los medios de comercio y comunicación ha colocado en evidencia las disparidades en materia de competitividad industrial y operatividad de los mercados digitales nacionales. El acervo de infraestructura representa un obstáculo para la inserción de los agentes y la reactivación de la actividad comercial. Asimismo, el cierre de fronteras y las medidas de confinamiento doméstico han precipitado la vulnerabilidad de residentes y migrantes latinoamericanos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) argumenta que la inmovilización de los migrantes en tránsito y las dificultades de retorno, supone una presión a las economías fronterizas y mayores focos de exposición al COVID-19. En este contexto, el reto de los mecanismos de integración regionales es sortear esta serie de obstáculos que frenan el proceso de integración y ofrecer instrumentos de convergencia para enfrentar las restricciones políticas, financieras y de insumos que limitan el tamaño y amplitud de los esfuerzos fiscales y monetarios de los estados parte. El incumplimiento de esta premisa podría precipitar la destrucción de los avances en promoción de inversiones, la sostenibilidad de las cadenas de valor regionales, la apertura de los mercados laborales y la seguridad regional. La realización de este Webinar forma parte de los esfuerzos de la Secretaría Permanente del SELA para fomentar la cooperación interinstitucional y la concertación de voluntades en torno al diseño de políticas públicas regionales para la superación de las asimetrías intrarregionales y la búsqueda de una mayor convergencia en los procesos de integración de ALC.

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son las responsables de la generación de numerosas fuentes de empleo. Representando a más del 99% del tejido empresarial en América Latina generan alrededor del 30% del PIB[1], por lo que la mejora o desmejora de estas conlleva a un significativo impacto social para las economías. En el caso de América Latina, existe una tendencia a la especialización de las empresas de menor tamaño en actividades de baja productividad. De esta manera, la región posee una estructura productiva heterogénea, donde un número reducido de empresas concentran gran parte del PIB regional, en sectores con una productividad muy elevada, mientras el resto se encuentra en actividades cuyo desempeño es bastante pobre. Los tres sectores de más alta productividad en América Latina representan el 26,9% del valor agregado, pero apenas el 8% del empleo total y el 1,8% del número de empresas[2]. A este escenario se le suma la llegada de la pandemia generada por la enfermedad del COVID-19, lo que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas estrictas para contener el avance de los contagios, paralizando alrededor del 50% de las actividades económicas, reflejados en los cierres parciales o totales de industria, cadenas de suministros, viajes, turismo, entre otros. Esta pandemia ha mostrado lo expuestas que pueden estar las economías ante los distintos shocks que se presentan. Entre los problemas surgidos, es evidente la vulnerabilidad del sector empresarial de las Pymes, aunado a la fragilidad de las cadenas de valor, la falta de proveedores alternativos y la dependencia provocada por una mayor concentración del mercado. En este contexto, resulta esencial continuar realizando esfuerzos en la generación y fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a elevar la productividad y el empleo en la búsqueda de estructuras económicas que favorezcan el crecimiento y el desarrollo de este sector. En el corto plazo los gobiernos deben diseñar y aplicar un conjunto de medidas de estímulo fiscal y monetario que apoye a las Pymes en sus actividades productivas y que no reduzcan de forma drástica sus niveles de empleo. La Organización Internacional de Trabajo (OIT), plantea 5 líneas[3] acción para contrarrestar el efecto económico del COVID-19 en las Pymes: 1) mayor acceso a financiamiento y a activos circulantes, para garantizar su liquidez en el corto plazo con préstamos o exenciones fiscales temporales; 2) fomento a la demanda de productos y servicios; 3) promoción del empleo y de la protección social, incluyendo subsidios para mantener el empleo de los trabajadores y programas de formación; 4) apoyo a la reapertura de empresas en la post pandemia; y 5) dialogo social y cohesión social. Sin embargo, en el largo plazo la apuesta debe ser alcanzar mayor complejidad económica y mayor productividad, de esta forma las empresas pueden reducir su vulnerabilidad a fenómenos como el COVID-19 y otras crisis de índole económico o financiero. Además, es necesario el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, propiciando el desarrollo de aquellos sectores estratégicos para las economías. En tal sentido, desde el año 2017, la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), en colaboración con la CAF-banco de desarrollo de América Latina, ha planteado una agenda de trabajo cuyo objetivo esencial es promover la articulación productiva de las Pymes de la región, apuntando a la premisa de largo plazo. Para ello se desarrolló un Programa de Trabajo que contempló la realización de actividades que atendieron tópicos como: la identificación de nichos productivos potenciales, la evaluación de impacto de políticas públicas, formalización e inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas. Este programa fue desarrollado a través de actividades de capacitación dirigidos a orientar a los países participantes en la aplicación de la metodología propuesta por el SELA para la identificación de nichos productivos. Esta metodología ofrece una herramienta efectiva para que los hacedores de política puedan realizar un mapeo de sectores productivos potenciales basados en las capacidades existentes; y promover, de esta manera, la competitividad de sus respectivos países.   [1] La Prensa Digital. Director de Análisis de la CAF aconseja cómo proteger a las mipymes del coronavirus. Disponible en: http://www.laprensa.com.bo/economia/20200405/director-de-analisis-de-la-caf-aconseja-como-proteger-las-mipymes-del-coronavirus [2] Dini, M. y Stumpo, G. (2019) MIPYMES en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [3] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740715/lang--es/index.htm

Durante el período 1960-1980 América Latina y el Caribe experimentó un positivo desempeño económico que posicionó a la región como referente de crecimiento y destino de capitales extranjeros. Hasta 1981 los bajos tipos de interés, los favorables términos de intercambio y la generosa oferta de créditos internacionales, crearon un clima de abundancia y optimismo. Sin embargo, a partir de 1982 las alzas en las tasas de interés y los desequilibrios en la balanza comercial, desencadenaron una crisis que se prolongó hasta principios de los 90´s. Durante este tiempo la carga de la deuda contraída se tornó insostenible, el nivel de actividad productiva se desplomó, y los sueldos reales se contrajeron a causa de los procesos inflacionarios generalizados. Todo esto desembocó en un estancamiento sin precedentes del producto por habitante y en un retroceso de los indicadores económicos y sociales conocido en la literatura como “la década perdida de América Latina y el Caribe”.   Esta crisis no sólo significó una fuerte inestabilidad, sino también un largo período de ajustes y reformas enfocadas en sentar las bases de un crecimiento económico sostenible. Fundamentalmente, las medidas se centraron en reducir el gasto de gobierno para consolidar las finanzas públicas, facilitar el retorno de los capitales, e iniciar un marcado proceso de apertura comercial que impulsara la inserción en los circuitos económicos internacionales. Esta última área de política no sólo permitiría mejorar la balanza comercial y ampliar los mercados de destino, sino también profundizar el proceso de cambio estructural para incrementar los niveles de productividad y competitividad regional. Sin embargo, los avances fueron incipientes y en la actualidad en América Latina y el Caribe muchos de estos desafíos siguen siendo tareas pendientes en un contexto global que experimenta continuamente profundas transformaciones. Muestra de ello, es la fragilidad del desempeño económico evidenciado a raíz de la caída de los precios de las materias primas en 2014 y la falta de capacidades de la región para recuperarse apalancada en actividades productivas alternativas. Ante esto, nuevamente se reavivaron las discusiones para el diseño e implementación de políticas que allanaran el camino de la región hacia un sendero de mayor crecimiento, colocando en el centro de las reformas las necesidades de innovación tecnológica y diversificación productiva para escalar en los eslabones de las cadenas de suministros globales. Sin embargo, los resultados de estos esfuerzos no han sido los esperados. En 2019, el crecimiento económico de América Latina y el Caribe promedió apenas 0,6% alegándose como causas los bajos niveles de productividad, las tensiones comerciales internacionales, la caída en los precios de las materias primas y la baja complejidad de sus exportaciones. En medio de este contexto desafiante, los países de América Latina y el Caribe enfrentan la peor crisis económica desde que se iniciaron los registros estadísticos de las cuentas nacionales en los 50`s. Estimaciones de los principales organismos internacionales han pronosticado que en 2020 la economía regional caerá cerca de -9,4% y se perderán 15% de los empleos formales. A razón de esta profunda caída en la actividad, ya se han prendido las alarmas sobre la materialización de una “nueva década perdida para América Latina y el Caribe” entre 2015 y 2025, trayendo consigo graves consecuencias económicas y sociales. Sin embargo, a diferencia de la crisis de la deuda de los 80`s, la afectación de todos los países del planeta en las circunstancias actuales redundará en la generación de cambios significativos en la dinámica económica internacional, exigiendo de los países de la región un proceso de reflexión para repensar su rol como actor global. En particular, los cambios en la dinámica del comercio internacional y en las cadenas de valor, podrían representar oportunidades para una mayor internacionalización y replantear la integración regional. Las dificultades de estos tiempos turbulentos pueden convertirse en catalizadores de consensos, para emprender una agenda de acciones que definitivamente permita la superación de los desafíos preexistentes y de aquellos generados por la pandemia. 

Uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19 ha sido el educativo. De acuerdo a la UNESCO, hay mas de 1 mil millones de estudiantes afectados a nivel mundial, lo que representa más del 60% de la población estudiantil y más del 15% de la población mundial. Adicionalmente, hay varios obstáculos que esta organización señala tales como: deficiencias en el aprendizaje remoto, el costo de la brecha digital (entendido como la disparidad que hay en el acceso a la tecnología o internet), el rol que juegan las escuelas en la salud y el bienestar de los estudiantes. Según, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) América Latina y el Caribe es una de las regiones donde hay mayor disparidad en tecnología y menor preparación en infraestructura digital. deficiencias en el aprendizaje remoto, el costo de la brecha digital, así como el importante papel que juegan las escuelas en la salud y el bienestar de los estudiantes. La División de Educación del BID mediante el Proyecto Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED), ha trabajado por mas de dos años con los países de América Latina y el Caribe. El SIGED tiene como objetivo identificar cómo se llevan a cabo los procesos cotidianos de gestión educativa y determinar el nivel de automatización y aprovechamiento digital,  con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión educativa. Entre las condiciones digitales de base que establece el proyecto se encuentran la disponibilidad de: conectividad en las escuelas, plataformas digitales, tutoría virtual, paquetes de recursos digitales y repositorio central de contenido digital. El levantamiento realizado por el SIGED ha evidenciado que la mayoría de los países de la región no tiene con las condiciones digitales mínimas, y por ende no se encuentran en condiciones de brindar educación en línea a todos los estudiantes. El proyecto estableció que Uruguay, es el único país de toda la región que cuenta con las condiciones digitales. Adicionalmente, se ha visto cómo hay expertos preocupados porque los alumnos no están aprendiendo al mismo nivel que clases presenciales y están preocupados que haya un retraso considerable en los conocimientos adquiridos, algunos estimando que un año inclusive. Por último, muchas familias se han visto afectadas porque las escuelas representaban una fuente importante de alimentos y también las familias se han visto afectados por que muchos padres no cuentan con los conocimientos o herramientas psicopedagógicas para poder apoyar a sus hijos en los ambientes académicos virtuales. Con el propósito de conocer la realidad actual educativa de la región y las estrategias que están adoptando ciertos países se propone la realización de este Webinar para conocer los principales desafíos, características del sector y oportunidades del sector educativo a raíz de la pandemia generada por la enfermedad del COVID-19 y que sirva; además, para el intercambio de ideas sobre buenas prácticas generadas en la región.