introducción

La corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo, realidad de la que no escapa la región de América Latina y el Caribe (ALC).  Sus graves consecuencias afectan la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico de los países, así como la estabilidad de las instituciones democráticas y el estado de derecho.

En muchos países de ALC la corrupción es vista como consecuencia inevitable del ejercicio de poder.  Causas de este mal endémico son variadas, pero sobresalen la debilidad institucional, la opacidad en el manejo de los recursos por parte del sector público, y la apatía de la población en la defensa de sus intereses.  

En los últimos años la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes y diversas formas de manifestarse. Sus modalidades penetran a los sectores público y privado en forma de prácticas de soborno, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, desvío de recursos, nepotismo, hasta el uso de información privilegiada para fines personales, entre otras.  En el caso del sector público se presenta principalmente en las áreas de contratación pública; infraestructura pública; empresas estatales; administración de aduanas; y servicios públicos, de acuerdo con el Banco Mundial (BM).[1] 

Los impactos de la corrupción son universalmente conocidos, pero al abarcar a sectores del Estado, como contrataciones e infraestructura públicas, sus implicaciones son más graves para los países de bajos ingresos por su incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB).  Los contratos sin licitaciones, la ausencia de competidores, los sobrecostos excesivos de tiempo y dinero, el poco o ningún mantenimiento, obras monumentales sin concluir, y la baja calidad de las obras finalizadas terminan afectando negativamente el crecimiento económico, el alivio a la pobreza, y la inversión privada, en particular las inversiones de las empresas multinacionales cada vez más sometidas a la competencia internacional.

Consecuencias graves también se generan del trato preferencial por parte del Estado. Se abusa del manejo de fondos para subsidios directos e indirectos, amortizaciones de deudas y exenciones fiscales y compensaciones para llevar a cabo objetivos no comerciales, que pueden ser desviados para beneficio personal o político. Como el caso de las empresas estatales en quiebra que suelen disfrutar del fácil acceso a préstamos sin fines de lucro por parte de bancos estatales para mitigar los daños causados.

La corrupción en las aduanas no es diferente. Se afecta la capacidad de un país para beneficiarse de la economía global al haber retraso en el procesamiento de las importaciones y exportaciones. Igualmente actúa como desincentivo para los inversores extranjeros al aumentar los costos de hacer negocios, y reducir la competitividad de las empresas.

No menos importante son los efectos de la corrupción en la prestación de servicios que deberían estar garantizados por el Estado. Se erosiona la gestión pública y el funcionamiento administrativo del Estado cuando se altera el normal cauce de los trámites administrativos para la obtención de un servicio público debido a un soborno. 

La complejidad de este flagelo demanda respuestas integradas. La comunidad internacional ha hecho esfuerzos en este sentido al adoptar primeramente la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), primer instrumento jurídico internacional en este campo que reconoce la trascendencia internacional de la corrupción y la necesidad de promover y facilitar la cooperación entre los Estados.  Posteriormente, fue adoptada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), instrumento internacional anticorrupción jurídicamente vinculante. Sin embargo, las aristas de la corrupción son tan diversas que estas herramientas no han sido suficientes para el logro de una solución duradera.  Se necesita algo más que redoblar la cooperación internacional para ejecutar satisfactoriamente las principales áreas de dichos instrumentos como son: prevención de la corrupción, penalización y aplicación de la ley, cooperación internacional y recuperación de activos.

Más allá de identificar las buenas prácticas de algunos países que contribuyen al diseño de estrategias globales y al fortalecimiento institucional de la capacidad de respuesta a este problema mejorando el papel y la eficacia de las agencias anticorrupción, las administraciones tributarias y de auditoría y los sistemas de justicia, los gobiernos están obligados a implementar políticas públicas que ataquen la raíz del problema y sus devastadores efectos en la estructura productiva y en la sociedad. 

Son muchos los desafíos que enfrentan los gobiernos al abordar la corrupción, entre ellos identificar qué instrumentos tienden a funcionar y por qué.  No sólo se trata de contar con instituciones sólidas y la creación de marcos legales dirigidos a perseguir y penalizar a los que hacen un uso indebido de los recursos públicos sino también en lograr una mayor transparencia pública, mejor gestión gubernamental, participación ciudadana e inclusión social.

De igual importancia es dotar de herramientas tecnológicas a los gobiernos para que apunten a reformas dirigidas a sentar las bases de una gestión gubernamental con un espíritu de transparencia, integridad, inclusión y colaboración.  Se debe profundizar en la digitalización global de gobiernos y ciudadanos para cambiar el rostro de la gobernanza del sector público y sus efectos en la lucha contra la corrupción.  

El acceso a la información y una mejor colaboración entre el Estado y la sociedad son herramientas claves para el logro de tal propósito. La falta de información sobre el presupuesto y la gestión administrativa de los recursos públicos impide la contraloría social sobre las actividades y resultados de los gobiernos facilitando así las condiciones para el surgimiento de corruptelas.  

En este contexto, el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe requiere de estrategias que promuevan la participación ciudadana y su colaboración activa en la formulación de políticas públicas específicas y que atiendan a sus necesidades.  El progreso que se alcance en estas áreas dependerá de las herramientas que se adopten.

El fortalecimiento de la capacidad institucional y el Estado de derecho de la región son elementos indispensables en la lucha contra la impunidad de los actos de corrupción.  La promoción de la adopción de tecnología y la innovación para el monitoreo de los recursos públicos, así como el aumento de la movilización de recursos de las entidades financieras internacionales pueden hacer la diferencia en este sentido.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación también son herramientas de monitoreo que fortalecen la noción de la transparencia y la rendición de cuentas al favorecer la simplificación administrativa reduciendo las oportunidades de corrupción al evitarse el contacto con funcionarios públicos con un comportamiento discrecional en los procesos administrativos. 

En conclusión, las consecuencias sociales y económicas de la corrupción afectan de forma negativa el desarrollo de los países. Por una parte, generan pérdidas en el crecimiento productivo como consecuencia del mal uso de los recursos públicos o la concentración de estos fondos en manos corruptas.  Por otra, producen desigualdad social, en la medida que son favorecidos sectores de la población vinculados a las altas esferas políticas con acceso a la administración de los recursos del Estado.   

Entre los impactos de la corrupción en las diversas estructuras de los países, destacan los siguientes:

  • Socavamiento de las inversiones y agravamiento de la pobreza.
  • Distorsión de incentivos a la inversión privada local o extranjera lo cual reduce la eficiencia económica y en consecuencia la producción a largo plazo.
  • Exceso de inversión gubernamental en proyectos de capital por la facilidad de captar las rentas de la contratación pública y reducir el retorno de la inversión.
  • Deterioro del ambiente de negocios en el sector privado. Se prefiere invertir en actividades de ganancias rápidas y excesivas en corto tiempo en lugar de las netamente productivas.
  • Falta de visión e innovación en el sector empresarial. La producción de las empresas no depende de su competitividad sino de su capacidad de influencia en los tomadores de decisiones respecto a la regulación o el destino de su actividad productiva.
  • Desarrollo de estructuras monopólicas u oligopólicas en los mercados en el sentido que por lo general el mismo grupo de empresas es el favorecido en la asignación de contratos.
  • Fuga de capitales en la medida en que los beneficios de actividades corruptas son depositados en el extranjero, o están asociados con procedimientos relajados contra el lavado de dinero.
  • Provisión de infraestructura deficiente, lo que aumenta los riesgos de accidentes y costos de desgaste, así como el pago de impuestos adicionales sobre los ciudadanos.
  • Freno a la innovación y el desarrollo creativo al desproteger la propiedad intelectual. Las empresas al pagar sobornos para mantener su competitividad, ya sea con la reducción o exención arancelaria o créditos subvencionados, dejan de invertir en patentes o permisos de funcionamiento.
  • Distorsiones sociales y políticas. Las sociedades pueden enfrentar una pérdida de valores al ver como natural este tipo de actividad. Asimismo, pueden ver seriamente afectados sus sistemas políticos al ser penetrados en la búsqueda de cómplices.
  • Desviación de recursos. Parte del gasto público se destina, ya sea para la lucha contra la corrupción o para el aprovechamiento de actividades corruptas, en lugar de actividades con fines socialmente más productivos como la educación y salud.
  • Disminución significativa de la recaudación de ingresos del gobierno. El BM estima que entre el 30%-50% de los ingresos fiscales totales en países en desarrollo se ven comprometidos por las prácticas corruptas.
  • Afectación de las administraciones aduaneras en cuanto a la facilitación del comercio y protección de las fronteras incluyendo la puesta en riesgo de requisitos de seguridad para el tráfico de mercancías ilícitas, incluyendo armas y narcóticos.
  • Alto costo para la sociedad. El contribuyente que se somete al pago de sobornos paga por la ineficiencia en la prestación de servicios, y varias veces por el mismo servicio.
  • Perjuicio para el consumidor. Cuando la corrupción se vuelve necesaria para adquirir un insumo productivo o evitar controles de calidad mínima, los mercados reciben bienes y servicios en cantidades insuficientes, de menor calidad o más costosos.

[1] (http://documents.worldbank.org/curated/en/986521600118147288/Executive-Summary)

 

Informe Final del Seminario virtual “Incidencia de la Corrupción en la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe”
Tema central

Analizar la repercusión de la corrupción en la estructura productiva y el desarrollo económico y social de los países de América Latina y el Caribe, así como el examen de posibles soluciones sustentadas en las tecnologías de información.

Objetivos
  1. Demostrar los efectos nocivos de la corrupción sobre el crecimiento económico, el desarrollo social, la libre competencia, la inversión pública-privada, la producción de bienes públicos, el consumo, entre otras variables agregadas de la economía.
  2. Señalar la necesidad de adoptar políticas públicas que pongan freno a las graves consecuencias que ocasiona la corrupción en el aparato productivo y el tejido social de los países de la región.
  3. Determinar que la lucha contra la corrupción demanda un enfoque proactivo sobre principios de buenas prácticas relacionadas con la transparencia, equidad, eficiencia, y la rendición de cuentas, apoyado en las tecnologías de la información y comunicación.
Información del evento

Dirigido a: Partes interesadas en el tema de la corrupción y sus efectos en el desarrollo socioeconómico de la región de Latinoamérica y el Caribe.

Formato: Conferencia online con una duración de 100 minutos aproximadamente, a ser realizada vía Zoom.

Fecha y hora: miércoles, 1 de septiembre de 2021, 11:00am hora de Caracas (UTC -4:00).

Planilla de inscripción: https://bit.ly/2TLMypm

Co-organizador: CLAD

Idioma: Español (Principal) e inglés (Traducción simultánea).

Agenda

Miércoles, 1 de septiembre de 2021

11:00 horas de la ciudad de Caracas

11:00 - 11:10

Inauguración y palabras de bienvenida

Moderador: Embajador Oscar Hernández, Director de Relaciones de Integración y Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA)

  • Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA), Embajador Clarems Endara (3 minutos).
  • Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Sr. Francisco Velázquez (3 minutos).
11:10-12:10

Presentación de los Panelistas

Los panelistas tendrán 15 minutos para su presentación

Temática:  Analizar la repercusión de la corrupción en la estructura productiva y el desarrollo económico y social de los países de América Latina y el Caribe, así como el examen de posibles soluciones sustentadas en las tecnologías de información.

  1. Raimundo Soto, Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Corrupción y desarrollo.
  2. Roberto de Michele, Especialista principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
  3. Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
  4. Alejandro Estévez, Director del Centro de Estudios sobre el Estado y las Organizaciones Públicas (CEDEOP) de la Universidad de Buenos Aires. La corrupción en las instituciones políticas y en las organizaciones públicas: sus factores estructurantes.
12:10-12:30

Preguntas y respuestas de los participantes

Se compilarán las preguntas de los participantes a través del chat de la plataforma de Zoom y se leerán a los panelistas, para formular sus respuestas.

12:30 - 12:40

Conclusiones y clausura

Moderador: Embajador Oscar Hernández, Director de Relaciones de Integración y Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA).

El moderador compartirá las conclusiones del seminario y con ello se dará por finalizado el evento.

 

Moderador

Embajador Oscar Hernández, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente del SELA

Embajador de carrera en el Servicio Exterior Venezolano. Se ha destacado como negociador comercial internacional resaltando su desempeño en la Organización Mundial del Comercio como representante alterno y  en donde le correspondió fungir como Panelista en Litigios Comerciales Internacionales en el marco del Órgano de Solución de Diferencias; Presidir el Comité de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (2000); Presidir el Comité de creación del Centro de Asesoría Legal y Relator de la revisión de Políticas Comerciales de Rumania (2000). Asimismo, le correspondió presidir la Primera Reunión de Expertos en Asuntos Legales sobre Comercio Electrónico en la UNCTAD (1999).

Se desempeñó como Coordinador Nacional del Grupo de los Tres (G-3) y Director Ejecutivo del Comité de Productos Básicos (La Haya-Holanda); presidente del Comité de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio de la OMC (2000). Miembro del Comité de creación del Centro de Asesoría Legal de la OMC. Relator de la revisión de Políticas Comerciales de Rumania (2000) y de la revisión de Políticas de Inversión del Perú (UNCTAD-2001). Gobernador.

Cursó estudios en Estudios Políticos, Mención Relaciones Internacionales, en la Universidad Central de Venezuela (1974-79) y Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de California (1982-84)

Ponentes

Raimundo Soto es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó su Doctorado en Economía en Georgetown University. Sus intereses académicos se concentran en macroeconomía, organización industrial aplicada y problemas del desarrollo económico, en particular el área de conflicto y democracia. Su investigación se enfoca principalmente en el desarrollo de modelos cuantitativos para el estudio del crecimiento económico, políticas fiscal y monetaria, y regímenes cambiarios. Ha publicado varios libros y artículos en revistas de prestigio internacional como American Economic Review, Review of Economic Dynamics y World Development, entre otras. En el ámbito profesional, ha participado como perito en numerosos litigios relacionados con prácticas anticompetitivas, abusos de poder de mercado, y colusión. Previo a incorporarse a la Universidad Católica trabajó en el Banco Mundial, el Banco Central de Chile y la Universidad Alberto Hurtado. Ha sido consultor de organismos internacionales (IMF, BID, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, OECD, etc.). Durante los años 2010 a 2012 fue Director de Desarrollo Internacional en el Dubai Economic Council de los Emiratos Árabes Unidos. Entre 2008 y 2010 fue Presidente de la Sociedad de Economía de Chile. En 2020 fue Co-director de la Mesa de Economía que asesoró a la Mesa Social Covid-19. Es el Managing Editor del Middle East Development Journal.

 

Roberto de Michele es especialista principal del Banco Interamericano de Desarrollo y dirige el clúster de transparencia e integridad del BID. Como tal, es secretario del Fondo de Transparencia que apoya reformas de integridad pública, gobierno abierto, transparencia del gasto, fortalecimiento de los órganos de control y prevención del lavado de activos. Roberto fue director de la Oficina Anticorrupción de la Argentina, gerente de la Iniciativa Privada contra la Corrupción en la Fundación Poder Ciudadano y miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Roberto presidió la Reunión Preparatoria para la Redacción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y participó en la redacción del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entre otras publicaciones, es autor del libro “Los Códigos de Ética en las Empresas” y “Uso de la información para la integridad del sector financiero: reflexiones a partir de un proyecto contra el lavado de activos en Guatemala” y es uno de los coautores de la Anticorruption Toolkit para el Pacto Mundial de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires con un LL.M. de la Facultad de Derecho de Yale.

 

Manuel Villoria es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Es Director del Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset (IUOG)-UIMP y del Máster en Gestión de la Seguridad, crisis y emergencias IUOG-URJC; Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología; fue becario Fulbright en USA, donde estudió el Master in Public Affairs por la Indiana University. Es autor de más de de doscientas publicaciones (libros y artículos) sobre Administración pública y ética administrativa. Ha ocupado diferentes puestos en la Administración pública española como el de Secretario General Técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid. Hasta la desaparición del organismo ha sido miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los servicios (AEVAL); es miembro del Consejo Científico del organismo internacional CLAD. Fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparency Internacional, capítulo español. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, consultor para la OCDE, el BID, la Unión Europea, ha participado en distintas comisiones de estudio y reforma de la Administración en España y América Latina.   Presidente de la Comisión de ética del Comité Olímpico Español y del de la Real Federación Española de Fútbol.

 

Alejandro M. Estévez

  • Posdoctorado (concluido) en Administración Pública de la FCE-UBA, Argentina.
  • Ph.D. en Administración y Políticas Públicas en la Ecole Nationale d’Administration Publique, de la Université du Québec, Canadá.
  • Magister en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas, UBA
  • Licenciado en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
  • Diplomado en evaluación de proyectos en la UNAM y OEA, México.
  • Fue Subsecretario (Director Institucional) del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).
  • Fue Investigador Jefe del Instituto AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos, Argentina).
  • Es docente e investigador senior en diversas universidades públicas (UBA y UNLZ ) y privadas (UTDT) en grado, posgrado y doctorado en materias de Administración y Políticas Públicas.
  • Es profesor invitado del IEP (Institute d’études Politiques) de l' Université Pierre Mendes-France, Grenoble, Francia, y en el MBA de la Universidad Nacional de Asunción, de Paraguay.
  • Ha sido consultor de organismos multilaterales en diversos programas referidos a las políticas públicas y su evaluación (BID y BM).
  • Ha participado en el diseño y la gestión de dos diálogos cívicos, con financiamiento del PNUD.
  • Es miembro de la comisión de doctorado y posdoctorado en Administración Pública de la FCE UBA.
  • Es director de la Maestría en Administración Aplicada, de la FCE, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
  • Es director del Centro de Estudios sobre El Estado y las Organizaciones Públicas (CEDEOP) de la FCE UBA.
  • Es vicedirector del Instituto para la Modernización del Estado, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
  • Ha escrito diversos libros y artículos de su especialidad.
Documentos de apoyo
Contactos

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe - SELA

Sayed Durán, Analista de la Dirección de Relaciones para la Cooperación e Integración, Secretaría Permanente.

sduran@sela.org

 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)

Nelson De Freitas, Escuela del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

nelson.defreitas@clad.org